Algunas políticas públicas que emergieron del debate.

Se propone que los proyectos de inversión puedan iniciar el proceso del SEIA con la presentación de una propuesta en base a su ingeniería de perfil, sin requerir ingeniería de detalle como ocurre hoy. Esto permitiría iniciar el proceso mucho antes, y sondear en esa instancia la viabilidad del proyecto, obteniendo definiciones tempranas, ahorrando costos y tiempo. Estas definiciones tempranas, que quedarían zanjadas en una resolución vinculante, otorgarán certeza jurídica a los inversionistas respecto a la factibilidad general del proyecto, así como de otros aspectos sustantivos del mismo, sin perjuicio de las adecuaciones técnicas que puedan surgir en etapas posteriores. Así, se fortalecería la predictibilidad del sistema y se acotarían tanto los espacios de arbitrariedad, como los riesgos de judicialización y demora.

La judicialización desmedida de los proyectos de inversión ha derivado en altos niveles de incertidumbre y prolongados plazos de tramitación, afectando gravemente la viabilidad de nuevas iniciativas. Para abordar este problema, se propone restringir la legitimación activa, limitando la interposición de acciones judiciales a quienes acrediten una afectación directa. Asimismo, se plantea avanzar hacia un esquema de recurso único para impugnar resoluciones de calificación ambiental (RCA), evitando la actual dispersión que permite múltiples vías de litigación —como reclamaciones, invalidaciones o recursos de protección—. Estas medidas buscan equilibrar el acceso a la justicia con la necesidad de dar mayor certeza y agilidad a los procesos de evaluación, reduciendo el espacio para litigios estratégicos que muchas veces son utilizados como herramientas para bloquear proyectos legítimos.

Se propone elevar los umbrales que determinan cuándo un proyecto debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y qué tipo de evaluación debe realizarse. Esta medida permitirá que proyectos de menor escala o impacto, que hoy ingresan innecesariamente, queden excluidos, y que otros puedan evaluarse mediante procedimientos más simplificados, como Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en lugar de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Así se busca focalizar la evaluación en proyectos realmente significativos, reducir la carga administrativa y agilizar los tiempos de tramitación.

Dado el amplio acuerdo en torno a que la participación de las autoridades políticas nacionales y sectoriales se anticipe a través de una etapa temprana, se propone también que la resolución final quede en manos de un Servicio de Evaluación Ambiental fortalecido.

Este fortalecimiento se materializaría a través de una reforma que apunte a colegiar la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dotándolo de un consejo directivo colegiado, técnico y autónomo. Estas modificaciones buscan reducir la discrecionalidad política en las evaluaciones, fortalecer la confianza de los inversionistas y garantizar que las decisiones se basen en estándares objetivos y técnicos.

La ampliación del uso de declaraciones juradas como alternativa a permisos sectoriales permitiría agilizar la tramitación de proyectos, limitando los tiempos de espera y reduciendo la discrecionalidad administrativa.

Este modelo, basado en el compromiso del titular a cumplir con la normativa aplicable, sería complementado con una fiscalización ex post por parte de la autoridad, concentrando los esfuerzos públicos en actividades de supervisión efectiva. La exclusión de permisos asociados a riesgos catastróficos y la definición técnica de los casos en que puede aplicarse esta modalidad garantizarían estándares adecuados de protección sin sacrificar eficiencia.

Si bien la Ley Marco de Permisos Sectoriales ya ha dado un primer paso en esta dirección, este todavía puede ser profundizado en permisos sectoriales que no han sido incluidos dentro de aquellos a los cuales estas técnicas habilitantes se extiende.

Asimismo, estas técnicas pueden tener un correlato a nivel de permisos ambientales, lo que no fue parte del diseño de la mencionada legislación.

Se propone crear un órgano externo a la administración activa, especialmente mandatado para garantizar la aplicación efectiva del principio de silencio positivo en materia de permisos sectoriales. Esta entidad supervisaría el cumplimiento de los plazos legales y, en caso de incumplimiento por parte de la autoridad, otorgaría automáticamente la aprobación del permiso solicitado. Con ello, se busca fortalecer la certeza jurídica, reducir tiempos de espera y eliminar incentivos a la inacción administrativa.

Se plantea realizar una revisión exhaustiva de todos los permisos sectoriales vigentes bajo una lógica de “base cero”, evaluando su justificación a partir de un análisis costo-beneficio riguroso. Solo aquellos permisos que acrediten ser necesarios para proteger bienes jurídicos relevantes y que no generen cargas regulatorias desproporcionadas serían mantenidos. Esta medida apunta a eliminar duplicidades, simplificar la tramitación y reducir los costos asociados a la obtención de permisos.

Se propone la creación de una agencia autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que actúe como un “ejecutivo de cuentas” para los proyectos de inversión, facilitando su tramitación ante los distintos organismos públicos. Esta oficina tendría como misión coordinar las autorizaciones necesarias, identificar cuellos de botella y asistir a los titulares de proyectos durante todo el proceso. Aunque de menor prioridad, esta medida podría complementar otras reformas para mejorar la eficiencia del sistema de permisos.

La incertidumbre regulatoria es uno de los principales factores que desincentivan las inversiones de largo plazo en Chile, especialmente en sectores estratégicos como la energía o la minería. Recuperando la lógica del antiguo Decreto Ley 600, se propone crear regímenes de estabilidad normativa que otorguen a los grandes proyectos, tanto nacionales como extranjeros, garantías de que no serán afectados por cambios posteriores en materias clave como regulación tributaria, sectorial o de permisos. Estos regímenes excluirían ámbitos sensibles como los derechos laborales, ambientales y de derechos humanos. Al reducir la exposición a variaciones legales impredecibles, estos mecanismos permitirían alinear mejor las decisiones de inversión con horizontes de largo plazo, fortaleciendo la competitividad de Chile frente a otras jurisdicciones que ofrecen mayor certeza regulatoria.

La complejidad del sistema tributario chileno no solo dificulta el cumplimiento para contribuyentes y empresas, sino que además amplía los márgenes de discrecionalidad en su aplicación, generando incertidumbre y desconfianza en la institucionalidad fiscal.

Por ello, se propone una reforma orientada a la simplificación normativa, que reduzca la proliferación de exenciones, regímenes especiales y procedimientos redundantes.

Esta medida debe ir acompañada de una revisión sistemática del catálogo de facultades interpretativas y sancionatorias del Servicio de Impuestos Internos, con el objetivo de acotar espacios de arbitrariedad y asegurar criterios uniformes.

Un marco tributario claro, estable y predecible no solo fortalece el cumplimiento voluntario, sino que también contribuye a un ambiente más propicio para la inversión y el desarrollo económico.

Se propone reformar la Ley Lafkenche para evitar que su uso genere incertidumbre y bloqueo de actividades productivas en el borde costero. Las medidas incluyen postergar el efecto suspensivo de las solicitudes hasta su resolución, exigir requisitos más estrictos de admisibilidad para evitar postulaciones infundadas, y restringir la presentación de solicitudes sucesivas sobre una misma superficie. Con ello, se busca compatibilizar la protección de los usos culturales ancestrales con el desarrollo económico sostenible en las zonas costeras, garantizando reglas claras y predecibles tanto para comunidades como para inversionistas.

La falta de un marco general claro para el acceso y uso de recursos naturales ha generado incertidumbre y frenado el desarrollo de sectores estratégicos como la minería del litio, la desalación y la acuicultura. A pesar de contar con ventajas comparativas significativas, como algunas de las mejores reservas de litio del mundo, Chile ha perdido liderazgo frente a otros países debido a regulaciones restrictivas y procesos poco predecibles. Se propone avanzar hacia un marco regulatorio que combine reglas generales —estableciendo condiciones claras de acceso, causales de caducidad de derechos y mecanismos contra la especulación— con directrices específicas para cada tipo de recurso. Este enfoque permitiría entregar certeza jurídica a los inversionistas y resguardar el interés público, facilitando un desarrollo sostenible y competitivo en el aprovechamiento de los recursos estratégicos del país.

Se propone establecer criterios más estrictos para la admisibilidad de acciones de protección en materia regulatoria, permitiendo que los tribunales rechacen aquellas que no tengan un carácter cautelar real o que invadan competencias legislativas. Además, se plantea limitar el uso de instrumentos internacionales no vinculantes como fuente interpretativa en fallos judiciales. Estas reformas buscan evitar que las decisiones regulatorias sean redefinidas en tribunales sin base legislativa clara, aumentando la certeza jurídica para la inversión de largo plazo.

Se plantea implementar políticas de oferta que fomenten el encadenamiento productivo en torno a los recursos naturales, promoviendo la diversificación y sofisticación de la matriz productiva nacional. El foco estaría en facilitar el surgimiento de industrias vinculadas aguas arriba y aguas abajo de sectores estratégicos, mediante incentivos a la innovación, formación de capital humano especializado y acceso a financiamiento, todo bajo criterios de sostenibilidad ambiental y social.

Se propone transitar hacia un sistema de indemnización más flexible y equitativo, reemplazando el actual esquema por una prestación a todo evento de menor cuantía, a través de un seguro de cesantía fortalecido.

Este nuevo modelo reduciría los costos de despido, favorecería la movilidad laboral y mejoraría los incentivos a la contratación formal, al tiempo que fortalecería el seguro de cesantía como pilar principal de protección ante el desempleo.

Se propone modificar el esquema actual de salario mínimo mensual y avanzar hacia un salario mínimo por hora, alineado con las mejores prácticas internacionales.

Esta medida facilitaría la inserción laboral de jóvenes, mujeres, adultos mayores y trabajadores de tiempo parcial, promoviendo una mayor flexibilidad para compatibilizar trabajo, estudio y responsabilidades de cuidado.

Para evitar alzas discrecionales y mejorar la predictibilidad del mercado laboral, se plantea indexar el aumento del salario mínimo a variables objetivas y verificables, como la inflación y el crecimiento de la productividad.

Esto permitiría compatibilizar mejoras salariales con la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas y con mayores niveles de formalización laboral.

Se propone permitir que la jornada laboral diaria pueda dividirse en dos o más bloques, con pausas intermedias que no se consideren como tiempo trabajado.

Esta modalidad, utilizada en otras jurisdicciones como España, permitiría a sectores como el comercio, hotelería y servicios profesionales adaptar mejor su operación a las fluctuaciones de demanda a lo largo del día, aumentando la productividad sin afectar los derechos laborales básicos.

Se plantea permitir que el cálculo de la jornada semanal pueda promediarse en períodos más largos —hasta un año— en vez de las cuatro semanas actualmente permitidas.

>Esta medida dotaría a empleadores y trabajadores de mayor flexibilidad para adaptar la distribución de horas a los ciclos de producción o demanda de servicios, mejorando la competitividad sin elevar los costos laborales.

Se establecerían límites máximos diarios y semanales para proteger el derecho al descanso.

Se propone reducir el número de feriados irrenunciables, permitiendo que las actividades productivas no se paralicen completamente en ciertas fechas, y compensar esa reducción con un aumento en el número de días de vacaciones legales para los trabajadores.

Esta medida mejoraría la productividad agregada del país y, al mismo tiempo, otorgaría a los trabajadores mayor flexibilidad para administrar sus períodos de descanso de manera más acorde a sus necesidades personales.

Para promover la inserción femenina en el mercado laboral y reducir los desincentivos a su contratación, se propone avanzar hacia una política de sala cuna universal, eliminando el actual requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio.

La propuesta considera un financiamiento solidario mediante una cotización adicional de 0,2% de las remuneraciones imponibles, con la particularidad de que el monto del subsidio no sea fijo, sino que se actualice anualmente conforme al costo real de la oferta, según lo determine un comité técnico interinstitucional.

La cobertura y calidad se asegurarán mediante una oferta diversificada de prestadores públicos y privados, regulados y fiscalizados, para garantizar estándares mínimos y libertad de elección.

Se propone la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que articule las prestaciones existentes —como salas cuna, jardines infantiles, centros de día y programas de atención domiciliaria— bajo una gobernanza coordinada entre el Estado, gobiernos locales, sector privado y organizaciones sociales.

Este sistema establecería un marco normativo común, estándares mínimos de cobertura y calidad, y una institucionalidad rectora con financiamiento basal y planificación territorial.

El objetivo es liberar tiempo para cuidadores actualmente fuera del mercado laboral, mejorar la equidad de género en la participación laboral formal y profesionalizar un sector hoy altamente informal.

Se plantea reformar el esquema actual de postnatal para aumentar la participación de los padres mediante un permiso exclusivo e intransferible, más allá de los cinco días actuales.

Esto permitiría equilibrar los costos de contratación entre hombres y mujeres, promoviendo la corresponsabilidad parental desde las primeras etapas del cuidado infantil y contribuyendo a cerrar las brechas de género en el acceso y permanencia en el mercado laboral formal.

Se propone reasignar los recursos de capacitación de SENCE actualmente dirigidos a trabajadores ya empleados, hacia programas de pre-contrato y post-contrato.

Estos esquemas permitirían capacitar a desempleados o trabajadores desvinculados, mejorando su empleabilidad efectiva y reduciendo los períodos de cesantía.

La medida busca mejorar el uso de los recursos públicos en capacitación, hoy altamente ineficiente.

Se propone fortalecer la articulación entre el sistema de educación técnico-profesional y las necesidades reales del mercado laboral, impulsando estrategias como la educación dual.
Este modelo combina formación académica con experiencia laboral práctica en empresas, mejorando la empleabilidad de los egresados y adaptando su formación a los requerimientos tecnológicos y productivos de sectores estratégicos.

La implementación requeriría eliminar barreras normativas y fomentar la participación activa del sector productivo en el diseño curricular y la definición de perfiles profesionales.

Se propone revitalizar y escalar los Institutos Tecnológicos con buenos resultados en Chile, como INTESAL e ITL, e incentivar la instalación de entidades internacionales como el CSIRO o Frauhoffer.

Su consolidación como plataformas de generación de conocimiento útil y transferible puede fortalecer capacidades técnicas, elevar la productividad y diversificar la economía. Para ello, se requiere reformar su marco institucional, dotándolos de mayor autonomía, lógica empresarial y estándares exigentes de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.

Esto evitaría las malas prácticas del pasado y permitiría que estos institutos operen de forma eficiente, legítima y sostenible.

Se propone prorrogar y reformar la Ley de I+D para modernizar sus incentivos y aumentar su impacto en el ecosistema de innovación.

La reforma apuntaría a extender los beneficios más allá de la inversión directa en investigación, incorporando también el apoyo a capital de riesgo, escalamiento de start-ups y transferencia tecnológica.

Esta ampliación permitiría alinear mejor la política pública con las diversas formas que hoy adopta la innovación, fortaleciendo el desarrollo de una economía basada en conocimiento y tecnología.

Se propone reformar organismos como CORFO o crear una institucionalidad como AFIDE (Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo) para que asuman un rol más activo en el desarrollo de proyectos tecnológicos estratégicos. Esto incluiría involucramiento directo en el diseño, seguimiento e incluso gobernanza de los proyectos, compartiendo riesgos con los emprendedores.

El objetivo es aumentar la tasa de éxito, generar mayor alineación con objetivos país y fortalecer un ecosistema tecnológico robusto y competitivo.

Se propone establecer mecanismos de incentivo que promuevan la transferencia de conocimientos tecnológicos hacia Chile, sin importar el origen de la inversión.

En lugar de imponer exigencias rígidas que puedan desincentivar proyectos, especialmente en un mercado de escala limitada, se privilegiarían esquemas cooperativos adaptados al contexto nacional.

Estos incentivos podrían enfocarse especialmente en sectores donde Chile tiene ventajas comparativas —como minería, litio o acuicultura—, fomentando alianzas entre centros de I+D, universidades y empresas locales para maximizar el aprendizaje y la adopción tecnológica.

Se propone modificar la normativa laboral para facilitar la contratación de estudiantes en el marco de programas de educación dual, que combinan formación teórica con prácticas laborales.

Esto implicaría cambios en materias que la actual normativa es rígida y no se adapta al contexto de estudiantes que, si bien no son alumnos en práctica, tampoco son todavía trabajadores, generando una categoría intermedia para este proceso de inserción laboral y aprendizaje.

Algunos de estos cambios apuntaría a reducir las restricciones a la duración y naturaleza de la jornada laboral, cargas previsionales para el empleador, o la exigencia de formalización completa (remuneraciones, acaciones, indemnización).

Esta reforma permitiría a los jóvenes adquirir experiencia temprana en entornos productivos reales, desarrollando habilidades directamente aplicables al mercado del trabajo. La medida busca reducir las brechas de empleabilidad juvenil y alinear mejor el sistema educativo con las necesidades de los sectores productivos.

Se propone facilitar la atracción de inmigrantes con formación técnica y profesional en áreas donde existe déficit de capital humano, mediante mecanismos migratorios más ágiles, claros y orientados a la empleabilidad. En particular, se debe revisar y, si es necesario, rediseñar las visas transitorias para técnicos calificados, asegurando que efectivamente incentiven su contratación y permitan una inserción laboral fluida.

Esta medida busca complementar la formación nacional con talento global, reduciendo brechas urgentes en sectores estratégicos para el desarrollo productivo del país.

Se propone reestructurar el programa Becas Chile para priorizar áreas del conocimiento alineadas con sectores estratégicos para el desarrollo productivo del país. Esto implica establecer criterios de elegibilidad que combinen la excelencia académica con la pertinencia económica y tecnológica de los estudios financiados.

El objetivo es asegurar que los beneficiarios encuentren oportunidades laborales acordes a su formación al regresar a Chile, maximizando el retorno social de la inversión pública en capital humano avanzado.

Se propone la creación de un Fondo Nacional de Infraestructura con capacidad técnica, económica y operativa para diseñar, priorizar y acompañar proyectos estratégicos de inversión pública. Esto implicaría transitar desde el actual Foinsa (Fondo de Infraestructura S.A), empresa estatal creada con una lógica únicamente financiera, a una entidad que incorpore un enfoque prospectivo.

Este fondo permitiría asegurar una planificación de infraestructura con visión de largo plazo, menos expuesta al ciclo político, y con criterios claros de impacto social, económico y territorial.

Además de definir prioridades, el fondo tendría un rol activo en el seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos, aportando estabilidad, consistencia y calidad a la política de infraestructura del país.

Se propone conformar una Comisión Asesora Presidencial en Infraestructura con un mandato acotado y transitorio, enfocada en levantar información crítica y establecer una priorización inicial de proyectos estratégicos.

Esta instancia permitiría orientar las primeras decisiones mientras se implementan reformas estructurales más permanentes en la institucionalidad de inversión en infraestructura.

Se propone avanzar hacia una mayor descentralización en la planificación de infraestructura, mediante la implementación de programas estratégicos a nivel regional.

Estos programas permitirían identificar y priorizar proyectos según las necesidades productivas y territoriales específicas de cada región, con participación de gobiernos locales y actores del desarrollo.

La medida busca mejorar la pertinencia de la inversión pública, fortalecer capacidades regionales y generar impactos más equilibrados en el desarrollo territorial.