Las fallas institucionales o regulatorias
que lo describen

Nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) presenta crecientes grados de incoherencia, fragmentación y discrecionalidad, especialmente para proyectos de  cierta magnitud y complejidad como son los que se requieren para desarrollar nuestras riquezas naturales.

Entre otras falencias, se deben destacar la falta de definiciones tempranas y vinculantes, una participación tardía y discrecional de la política, un procesamiento inadecuado y tardío  de las legítimas tensiones y posiciones de los afectados, la definición de quienes participan y el ámbito de sus observaciones no responde a una ponderación de relevancia y pertinencia.

Por otro lado, otorga una legitimación activa desmedidamente laxa en sus procesos de participación, favoreciendo una excesiva judicialización de los proyectos que deben pasar por el sistema.

Todo lo anterior redunda en un proceso que genera incerteza jurídica, permite espacios de arbitrariedad, y que opera bajo plazos que no se respetan y que se extienden indiscriminadamente

Esto es particularmente apremiante considerado que se aplica a un número muy alto de proyectos, incluyendo aquellos de bajo impacto ambiental.

El entramado de permisos que enfrentan los proyectos de inversión en Chile es excesivamente complejo, fragmentado y redundante.

La falta de coordinación entre las distintas autoridades sectoriales no solo genera demoras y costos elevados, sino que también introduce incertidumbre jurídica que desincentiva nuevas inversiones y afecta la productividad del país.

A esto se suma un enfoque regulatorio que, en su afán por prevenir toda posible externalidad negativa, incluso aquellas de bajo impacto o improbables, ha sobrecargado el desarrollo de proyectos con exigencias excesivas y desgastantes.

Este problema afecta no solo a grandes inversionistas, sino también a ciudadanos comunes y corrientes que deben enfrentar procesos frustrantes y poco proporcionales para concretar sus iniciativas.

El sistema tributario chileno combina altos niveles de complejidad con constantes cambios regulatorios, lo que dificulta la planificación de largo plazo y eleva los costos de cumplimiento para empresas e inversionistas.

La falta de estabilidad y claridad genera incertidumbre, desincentivando la inversión y afectando el crecimiento económico. A esto se suma un nivel de carga tributaria corporativa relativamente alto en comparación internacional, que merma la competitividad del país como destino de inversión.

El desarrollo de las industrias de recursos naturales en Chile enfrenta barreras derivadas de marcos regulatorios poco claros, desactualizados y altamente discrecionales. Sectores como la minería del litio, la salmonicultura o la desalación ilustran esta problemática, pero no son los únicos afectados.

Además, la ausencia de un marco general que entregue seguridad jurídica y establezca principios comunes para los instrumentos (concesiones, derechos, CEOLs) que permiten el uso de los recursos naturales —como reglas de acceso, causales de revocación de derechos o mecanismos para evitar la especulación— amplifica la incertidumbre para inversionistas, financistas y empresas.

Esta falta de criterios transversales y de normativas sectoriales actualizadas limita la inversión, restringe el crecimiento sostenible y compromete la competitividad de Chile en el aprovechamiento de sus recursos naturales que son demandados por el mundo.

• Debilitamiento del ahorro y del mercado de capitales como consecuencia de los retiros de fondos de pensiones y de la reducción de los ahorros del Estado: El retroceso en la profundidad del mercado de capitales ha encarecido el financiamiento de largo plazo y reducido las fuentes internas disponibles para inversiones productivas. Esto compromete la capacidad de financiar proyectos estratégicos y debilita la resiliencia macroeconómica del país.
• Falta de sofisticación de nuestra matriz exportadora genera un agotamiento de nuestra capacidad de atraer inversión: La concentración en productos primarios y de bajo valor agregado limita la capacidad de Chile para integrarse en cadenas globales de alto dinamismo y atraer inversiones en sectores de mayor sofisticación tecnológica, reduciendo el potencial de crecimiento y diversificación económica.
• Falta de alineación y, en ocasiones, antagonismo de los fines perseguidos por distintos servicios públicos, lo que dificulta generar un horizonte común para atraer inversión: La falta de coordinación entre agencias del Estado genera señales contradictorias para los inversionistas, aumenta la incertidumbre regulatoria y eleva los costos de tramitación, debilitando la capacidad del país para competir por inversiones frente a mercados más cohesionados y predecibles.

Chile enfrenta dificultades persistentes para ampliar el acceso al empleo formal con protección social.

Mientras otros países han logrado dinamizar sus mercados laborales, la rigidez del marco chileno —con altos costos fijos en materias como indemnizaciones, salario mínimo y jornadas— limita la capacidad de adaptación de las empresas.

Esta falta de flexibilidad desalienta la creación de empleos formales, restringe la productividad y dificulta la modernización del mercado laboral frente a los nuevos desafíos económicos.

Chile enfrenta un desajuste estructural entre las competencias que ofrecen los trabajadores y las que demanda el mercado.

La educación técnico-profesional y los programas de capacitación actuales no logran responder a las necesidades productivas del país, mientras los incentivos existentes, como la franquicia tributaria, han mostrado escaso impacto en mejorar la empleabilidad y la productividad.

Esta desconexión limita las oportunidades laborales y dificulta la adaptación del capital humano a los desafíos de una economía en transformación.

La falta de infraestructura y políticas adecuadas de cuidado infantil y de adultos mayores constituye una barrera estructural para la inserción laboral, especialmente de mujeres.

El actual diseño de beneficios como la sala cuna genera incentivos perversos que desincentivan la contratación femenina, y no existen mecanismos universales que faciliten compatibilizar las responsabilidades de cuidado con el trabajo formal.

Esta brecha reduce la participación laboral y limita el potencial productivo del país.

• Pérdida de beneficios de la política social del Estado desincentivan la formalidad: El diseño de algunos programas sociales genera incentivos perversos que premian la informalidad, al vincular la entrega de beneficios a la falta de ingresos formales. Esto perpetúa la precarización laboral y reduce la base de cotizantes al sistema de protección social.
• La inmigración masiva ha generado un aumento de la oferta laboral más allá de la capacidad del mercado de absorberla: El aumento acelerado de la fuerza laboral, impulsado por la inmigración, ha tensionado el mercado de trabajo, incrementando la competencia por empleos de baja calificación y presionando a la baja los salarios, especialmente en sectores ya vulnerables.
• Alta judicialización del mercado laboral con bajo costo para el trabajador y alto costo para el empleador: El desequilibrio en los costos y riesgos asociados a la litigación laboral ha incentivado un uso estratégico de la judicialización, generando incertidumbre para los empleadores y encareciendo las decisiones de contratación, lo que termina desincentivando el empleo formal.

Chile carece de estrategias coordinadas con políticas públicas habilitantes para profundizar la incorporación de conocimiento e innovación a nuestra economía, especialmente en los sectores de recursos naturales.

Esta omisión limita la capacidad del país para integrarse en mercados globales más complejos, aprovechar sus ventajas competitivas y responder a los desafíos de la transformación digital.

La baja inversión en investigación y desarrollo, junto con brechas en habilidades digitales y débiles mecanismos de transferencia tecnológica, restringen las oportunidades de crecimiento y diversificación productiva.

El déficit de infraestructura habilitante, como conectividad logística, digital y redes de transporte, impone sobrecostos y limita el crecimiento de los sectores económicos basados en nuestras riquezas naturales.

La planificación centralizada y la falta de visión territorial adecuada han frenado el desarrollo de nuevas oportunidades productivas en distintas regiones del país.

Esta brecha estructural afecta la competitividad de Chile frente a sus pares internacionales y restringe el potencial de integración y diversificación económica.

Chile enfrenta rezagos significativos en habilidades fundamentales como comprensión lectora, matemáticas y competencias digitales, lo que limita su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos y productivos.

A esto se suma un déficit de mano de obra altamente calificada en sectores como tecnologías de la información, energía o manufactura avanzada, dificultando la sofisticación productiva y la innovación.

Sin una apuesta decidida por fortalecer la formación continua, la educación técnico-profesional y la atracción de talento especializado, el país arriesga quedar rezagado en la economía del conocimiento.

• Alta concentración de los mercados desincentiva la innovación a nivel empresarial: La falta de competencia reduce los incentivos para invertir en innovación y mejora continua, perpetuando estructuras productivas poco dinámicas y limitando el surgimiento de nuevas empresas capaces de diversificar y sofisticar la economía.
• Sistema de propiedad intelectual e industrial engorroso y precario: Los largos plazos, altos costos y baja certeza jurídica en la protección de derechos intelectuales desalientan la inversión en investigación y desarrollo, afectando la capacidad del país para generar y escalar innovaciones con valor agregado.
• Preminencia en las agencias del Estado del rol regulador o fiscalizador por sobre el rol de promotor de la innovación y la productividad: La cultura institucional centrada en el control y el cumplimiento normativo ha relegado funciones estratégicas de fomento a la innovación, limitando la capacidad del Estado para articular políticas proactivas que impulsen el crecimiento de sectores emergentes y la adopción tecnológica.